Los datos mostraban que una gran parte de las pymes no había iniciado siquiera la adaptación técnica. Persistían programas de facturación antiguos, Excel como herramienta principal y poca capacitación digital.
Conclusión: el tejido empresarial no estaba listo para una obligación tan sofisticada.
Muchos fabricantes de ERP y TPV aún no habían completado desarrollos o versiones certificables.
Esto generaba riesgo de caídas, errores de integridad y falta de soporte en sectores clave.
Hacienda es consciente de que un despliegue apresurado podía desembocar en:
miles de empresas incumpliendo por imposibilidad técnica,
errores masivos en facturación,
dificultades para auditar o gestionar incidencias.
La administración quería evitar un “efecto TicketBAI” a escala nacional (Evitar una implantación apresurada que generara caos, retrasos, quejas generalizadas y necesidad posterior de moratorias, como ocurrió en el País Vasco).
Hubo tensiones dentro de la AEAT por los plazos y por la complejidad técnica del proyecto, lo que aceleró la decisión política de aplazarlo.
El retraso forma parte de acuerdos presupuestarios y negociaciones parlamentarias. Aplazar una obligación que generaba resistencia empresarial tenía coste político si se mantenía y beneficio si se retrasaba.
Aunque frustrante para quienes ya se habían preparado, el aplazamiento sí genera beneficios sistémicos:
Las empresas podrán:
elegir software sin prisas,
migrar procesos,
limpiar datos y organizar series y flujos.
Las implantaciones improvisadas suelen ser caras y fallidas; el tiempo extra ayuda a hacerlo bien.
Menos probabilidad de:
errores de facturación,
bloqueos en sistemas,
incumplimientos involuntarios.
Esto protege especialmente a microempresas y autónomos.
Los fabricantes podrán completar desarrollos, asegurar integraciones y estabilizar versiones antes de que sean obligatorias.
Muchas empresas aprovecharán el aplazamiento para:
unificar ERPs,
digitalizar procesos de venta y cobro,
mejorar la calidad de sus datos,
profesionalizar la facturación.
El aplazamiento también trae consecuencias problemáticas:
Empresas que hicieron el esfuerzo antes pueden sentir:
que su inversión se desvaloriza temporalmente,
que se premia al que no se adelanta,
falta de estabilidad regulatoria.
Las empresas más rezagadas seguirán posponiendo la modernización, ampliando la brecha con las que ya trabajan con sistemas avanzados.
Algunas compañías pueden congelar proyectos críticos (“ya habrá tiempo”), perdiendo tracción y enfoque.
Cuando se acerque la fecha real:
los proveedores tendrán picos de demanda,
los precios de consultoría pueden subir,
habrá menos disponibilidad técnica,
las empresas llegarán a última hora con prisas.
El retraso puede interpretarse como una marcha atrás o como un proyecto poco sólido, cuando realmente el objetivo sigue siendo claro: trazabilidad y control en tiempo casi real.
La implantación de Verifactu se aplaza, pero no se detiene.
El objetivo de Hacienda —trazabilidad, integridad de datos y control antifraude— se mantiene intacto.
Para las empresas, esto significa que 2025–2026 deben ser años de planificación, no de espera. Las organizaciones que utilicen este margen para estructurar bien su facturación serán las que lleguen a 2027 con ventaja competitiva, no solo con cumplimiento normativo.